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miércoles, 2 de marzo de 2011

LA INFLACIÓN EN VENEZUELA (Causas y Consecuencias)

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL “SIMÓN RODRÍGUEZ”
NÚCLEO SAN CARLOS. ESTADO COJEDES







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LA INFLACIÓN EN LOS ÚLTIMOS AÑOS EN VENEZUELA

(CAUSAS Y CONSECUENCIAS)


AUTOR. Lcdo. Ing. Larris Eduardo Silva Lara.

SAN CARLOS, 21 DE FEBRERO DE 2011.
INTRODUCCIÓN.

La Universidad “Simón Rodríguez” , se plantea como visión hacer una institución global, de vocación, integracionista y latinoamericana, abierta a los cambios, flexible, innovadora, andragógica y de excelencia, que promueva y practique la libertad de pensamiento y acción, fomente la participación y la profundización de los valores éticos democráticos, que permanezca en la búsqueda constante del desarrollo sostenido y armonioso de la sociedad, en la que el individuo esté profundamente comprometido con el desarrollo integral de la comunidad. En consecuencia, se propone altos logros institucionales orientados a: contribuir al enriquecimiento del acervo cultural del saber universal; ofrecer alternativas de Formación Profesional; crear mecanismos de integración interna; implementar estrategias metodológicas de aprendizaje e investigación; así como, para desarrollar actitudes proactivas, entre otros.
En tal perspectiva, se enmarca el curso Realidad Socio-Económica de Venezuela, a través de este trabajo de investigación documental, de fuentes hemerográficas, sobre La inflación en Venezuela - Causas y Consecuencias - cuyo contenido se ha enfocado al desglose de manera sencilla, en los siguientes aspectos: - Planteamiento oficial de las autoridades gubernamentales que rigen la política económica y financiera del gobierno venezolano (Banco Central de Venezuela y Ejecutivo Nacional); Versiones de Fundaciones No Gubernamentales, Gremios Empresariales, Asociaciones de Productores, Institutos Educativos, políticos de oposición, profesionales, especialistas y particulares en general que han aportado sus puntos de vista de forma argumentada ante los medios de comunicación escrita a nivel nacional.
Los cuales defienden de manera separada las posiciones asumidas, las vertientes y efectos entre otros elementos comprendidos en cada uno de los casos, exponiendo algunos ejemplos, sobre el tema aquí tratado, que oportuna y pertinentemente se puedan generalizar, en afán de poder detectar el fondo, la forma y posibles alternativas de solución del problema en cuestión.
En virtud de ello, este trabajo pretende mostrar una presentación compendiada sobre Las causas y consecuencias de la inflación en Venezuela en los últimos años, utilizando una investigación hemerográfica con fuente de algunos periódicos de circulación nacional. En consecuencia, se orienta esta actividad al reforzamiento de los valores y principios investigativos del participante, que gracias a la andragogía, cristaliza en: la búsqueda de la verdad, profundizar el conocimiento adquirido y la aprehensión del saber enciclopédico, en este tema en particular.
¿CUÁLES SON LAS POSIBLES CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LA ALTA TASA DE INFLACIÓN EN LOS ÚLTIMOS AÑOS EN VENEZUELA?

Según el mensaje publicado en el Diario Últimas Noticias, Merentes (2010), afirma que la actuación coordinada del Banco Central de Venezuela (BCV) con el Ejecutivo Nacional en aras del desarrollo armónico de la economía nacional está orientada a reducir progresivamente los niveles de inflación y generar simultáneamente mecanismos de activación del crédito y de la inversión pública y privada, que contribuyan con el incremento de la producción nacional y el bienestar socioeconómico de la población venezolana en general. Asevera, su Presidente, que el BCV tiene el firme compromiso de continuar su contribución con la sociedad, más allá de su aporte general a los fines del Estado, de generar condiciones para el desarrollo de fuentes de trabajo, elevar el nivel de vida de la población, y aumentar el esfuerzo de la lucha contra la pobreza, concretamente en cuanto atañe a la promoción de los valores de solidaridad, participación ciudadana y corresponsabilidad social (pp. 42-49).

Desde el punto de vista oficial, las políticas económicas llevadas a cabo en el régimen cambiario, el orden monetario, las relaciones comerciales internacionales, los ajustes salariales y el control de precios, entre otras, han sido efectivas en procura de garantizar el desarrollo armónico sostenible (viable, factible y equitativo) de la economía venezolana, ya que según esta versión, el gobierno ha motorizado la activación del financiamiento oficial y la inversión de privada en los últimos años, generando bienestar social a través de la elevación de la producción interna de bienes y servicios, bajando, por consiguiente, en forma progresiva las tasas interanuales de la inflación.

El mencionado informe, asegura que el BCV mantuvo durante 2010 una política monetaria orientada a superar la contracción económica, moderar las presiones inflacionarias y garantizar el normal desenvolvimiento del sistema nacional de pagos. Confirmando que, en esta materia, las decisiones de su Directorio, se orientarían a mantener niveles de liquidez cónsonos con el correcto funcionamiento de la economía y del sistema de pagos, e igualmente continuar estimulando el crédito a los sectores productivos y los hogares venezolanos. Por lo que, se realizaron importantes ajustes en materia de régimen y política cambiaria. En enero de dicho año, el Ejecutivo Nacional y el BCV, sustituyó la paridad única oficial de Bs./USD 2,15 por un régimen dual, en el que coexiste un tipo de cambio fijado en Bs./USD 2,60 y otro superior establecido en Bs./USD 4,30 (pp. 42,43).

En este sentido, Merentes (2010) explica que:

El tipo de cambio menor fue establecido como referencia para la liquidación de operaciones de venta de divisas destinadas a sectores prioritarios, como los de alimentos, salud y educación. Del mismo modo, dicha paridad rige las transacciones relacionadas con la adquisición externa de maquinaria y equipos (…), así como los pagos del sector público no petrolero y la deuda externa. Por su parte, el tipo de cambio superior es aplicable al resto de las importaciones de bienes y servicios, a la cancelación de deuda externa privada y a los cupos de viajeros (p.43).

Se puede apreciar que esta devaluación de la moneda nacional, incrementará, por un lado, los ingresos de divisas a la economía nacional estableciendo altos niveles de liquidez interna y equilibrando la balanza de pagos. Por otra parte, incidirá negativa y directamente en los costos de la materia prima importada, encareciendo los productos terminados en la agroindustria y manufactura nacional, traduciéndose en escasez (baja oferta) o en su defecto en mayores niveles de inflación (altos precios), en bienes de consumo terminados, motivado a la transacción con dólares significativamente más caros y más difíciles de obtener.

En este sentido, en el mencionado informe de fin de año, Merentes (2010), indica que las estrategias y acciones del BCV en materia de relaciones internacionales han demostrado el avance alcanzado en el desarrollo y consolidación de las nuevas instituciones y mecanismos que dan forma a una nueva arquitectura financiera en América Latina y el Caribe. Como resultados tangibles de las acciones integracionistas, destaca el apoyo técnico otorgado para la consolidación de los esfuerzos de integración de los países de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), con la puesta en marcha e inicio de las operaciones comerciales por medio del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (SUCRE), así como en la ampliación del mecanismo de pagos para las empresas privadas (pp.42-49).

Por consiguiente, expresa este informe, que luego de la firma del Tratado Constitutivo del SUCRE, en octubre de 2009, se iniciaron sus operaciones hacia la conformación de un mundo multipolar. Así, el 27 de enero de 2010 se llevó a efecto la Primera Reunión Ordinaria del Directorio Ejecutivo del Consejo Monetario Regional, máxima instancia de decisión del SUCRE. Además, asegura que con la utilización de este sistema de pagos, los países agrupados en el ALBA-TCP (Cuba, Bolivia, Nicaragua, Ecuador y Venezuela), pueden hacer transacciones comerciales en sus propias monedas locales, minimizando el uso de divisas típicamente usadas en el comercio exterior, como el dólar estadounidense (United State Dólar –USD-). Pretendiendo, de esta manera, disminuir el impacto de la devaluación de la moneda local e incentivar la competividad de los mercados comunes latinoamericanos.

En referencia a esto, el informe del BCV (2010), reseña lo siguiente:
En esta fase inicial, el SUCRE ha funcionado como una unidad de cuenta común para fijar los precios y facilitar que los importadores y acreedores reciban los montos equivalentes de sus respectivas operaciones en moneda local, a un tipo de cambio de USD 1,25 por sucre. De este modo, durante el año se han realizado varias operaciones a través del SUCRE, entre las cuales se pueden señalar:
• El 3 de febrero, se tramitó el pago de 108.000 sucres, por la exportación de Venezuela a Cuba de 360 toneladas métricas de arroz.
• El 7 de julio, Venezuela importó de Ecuador 5.430 toneladas métricas de arroz, por un monto de 1.894.015,39 sucres.
• El 8 de octubre, Venezuela compró a Bolivia 5.000 toneladas de aceite crudo de soya, por un monto de 4.241.680 sucres.
• El 3 de diciembre, Bolivia compró cauchos a Ecuador por un monto de 48.556,03 sucres. (p.45).

Con la implementación de este Sistema, el gobierno venezolano procura la reducción de costos transaccionales y riesgos cambiarios, señalando la fuente que entre las ventajas que tiene el SUCRE, resaltan las siguientes: los incentivos para el incremento del comercio intrarregional, el aumento de la productividad de los países miembros, la consolidación del proceso de integración y el desacoplamiento progresivo del uso del dólar estadounidense en las transacciones comerciales entre socios regionales. Sin embargo, aunque se pretenda desacoplar el uso del dólar sigue tomándose como base de referencia para el cálculo (1,25 USD /SUCRE) y deja en el “limbo” sin explicación, ¿cómo se fortalecerá la moneda venezolana y en qué medida se reducirían los costos de producción?, para poder hacer presencia en dicho mercado con precios competitivos, que arrojen amplios márgenes de ganancia y rentabilidad.

En cuanto a la composición de la fuerza laboral por sectores institucionales, el mensaje del BCV (2010), significó el supuesto repunte del empleo público, debido, fundamentalmente, al proceso de estatizaciones que ha llevado a cabo el Gobierno desde hace cinco años, el cual promedió un peso de 19,2% del total de ocupados, con lo que aumenta 0,3 puntos porcentuales en relación con el año precedente. Por su parte, la tasa de informalidad promedió 44,0%. Los incrementos en los niveles de ocupación fueron comercio, restaurantes y hoteles (197.301 empleos), y transporte, almacenamiento y comunicaciones (69.615 empleos); mientras que las disminuciones se dieron en la industria manufacturera (81.235) y en los servicios comunales, sociales y personales (97.558). (p.47).

Resulta sorprendente la aseveración que refiere este informe oficial, sobre los efectos de la estatización de las industrias y otros medios de producción en Venezuela, que según dicho enfoque a aumentado el empleo público, pero a costa de la restricción a la apertura y libertad económica nacional, tornando un “ambiente enrarecido” de incertidumbre e inseguridad jurídica que aleja la inversión privada y propicia el cierre de empresas nacionales, mixtas y/o extranjeras. Obsérvese aquí la pérdida de empleos reflejado en el sector manufacturero y el alto porcentaje de población en la economía informal. Aunado a esto, se tiene un sector laboral público con remuneraciones nominales mensuales que “rayan en la marginalidad”, cuyos aumentos anuales, por parte del ejecutivo, no cubren ni siquiera la mitad de los saltos inflacionarios de la desequilibrada economía venezolana.

En este sentido, reseña el mensaje de fin de año del BCV (2010), que:
Los aumentos del salario mínimo decretados por el Ejecutivo Nacional a lo largo de 2010 (10% en marzo y 15% en mayo), que lo ubicaron en Bs. 1.223,89, atenuaron el impacto del alza de los precios sobre el segmento de la población ocupada que percibe dicho nivel de salario. En este sentido, el descenso de las remuneraciones reales de estos trabajadores fue de apenas 0,3%. (p.47).

No obstante, el Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (Cenda) y el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM) presentaron sus informes sobre la canasta alimentaria y la básica para octubre de 2010, respectivamente: La canasta básica completa se ubica en 6.100,89 bolívares fuertes, mientras que la alimentaria cuesta 2.428,00 bolívares fuertes. Lo que indica la existencia de una enorme brecha entre el salario nominal (lo que cobra el trabajador), y el salario real (lo que debe gastar), para satisfacer sus necesidades básicas y/o de alimentación del grupo familiar.

En materia de precios, el mensaje del BCV (2010), señala que:

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró al cierre de 2010, de acuerdo con cifras preliminares, una variación anual de 26,9%, con lo cual se estima para el mes de diciembre una tasa intermensual de 1,6%. El incremento observado en la inflación estuvo determinado, principalmente, por la aceleración en los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas (categoría que tiene el mayor peso dentro del INPC), específicamente durante el primer semestre del año, período en el cual la tasa de crecimiento acumulada de esta agrupación se ubicó en 23,7% (4,5% en igual lapso de 2009). (p.47).

Así mismo, dicho informe reseña que el resultado anual se vio especialmente influenciado por las tasas de variación intermensual de marzo, abril y mayo (2,4%, 5,2% y 2,6%), en los cuales los precios de los alimentos aumentaron significativamente, como consecuencia de factores estacionales (fuerte sequía que afectó al país) y presiones generadas por un “virus agrícola” que disminuyó la producción de hortalizas; además, se realizaron ajustes de precios regulados en una serie de rubros alimenticios. Por otra parte, dicho informe afirma que el Ejecutivo Nacional llevó a cabo un conjunto de medidas con el fin de contrarrestar el aumento de los precios en bienes esenciales, entre las cuales destacan:
• La creación de la Corporación Venezolana de Alimentos (CVAL), la cual tiene por objeto la producción, industrialización, distribución e intercambio de todo tipo de productos alimenticios, así como la fabricación, compra, venta, comercialización y almacenamiento de productos agrícolas.
• La creación de la red de comercio público “Bicentenario”.
• La aprobación del VIII Plan Excepcional para el abastecimiento de alimentos de la cesta básica, materia prima para la elaboración de alimentos y otros productos agroalimentarios de primera necesidad. (p.47).

Acciones, que según la versión oficial, contribuyeron a moderar la tendencia inflacionaria, el mantenimiento de la política de administración y control de precios, la cual se ha caracterizado por realizar un menor ajuste en el número de productos controlados y por llevar a cabo la excepción de algunos productos del control de precios. Ya que, con esta medida los precios de los bienes y servicios controlados exhiben de manera preliminar una variación de 21,3% en 2010, resultado que es inferior en 9,6 puntos porcentuales al mostrado por los bienes y servicios no sujetos a control.

En lo relativo a los indicadores de precios a niveles intermedios de la cadena de comercialización, el BCV (2010), indica que el éxito de la gestión se verifica al observar:

Que el Índice de Precios al Mayor (IPM) registró, al mes de noviembre, una variación interanual de 24,1%, menor a la evidenciada en 2009 (28,6%). Este comportamiento se debió, principalmente, a la menor variación de precios de los bienes importados, los cuales pasaron de 37,3% a 18,9%, mientras que la inflación de los bienes de origen nacional disminuyó de 26,5% a 25,5%. Por su parte, el Índice de Precios al Productor de la industria manufacturera privada (IPP) también mostró una desaceleración en su tasa de incremento, al situarse en 22,3% (26% en 2009). (p.47)

Analizando en contexto, este enfoque del sector oficial venezolano, se puede resumir en lo que respecta a la inflación, que para el gobierno nacional, las políticas desarrolladas por el binomio BCV – Ejecutivo Nacional, han sido exitosas, para: incentivar la producción nacional; propiciar la competitividad del sector productivo local; disminuir la escasez de productos de consumo masivo; disminuir la inflación de bienes nacionales e importados, en fin, que han contribuido con el mejoramiento de la calidad de vida del venezolano. Sin embargo, deja muchas interrogantes al omitir aspectos relativos a la alta tasa de inflación, que coloca a Venezuela como el país con mayor variación de precios en América y el mundo, pese a la gran riqueza petrolera y excepcionales recursos naturales, técnicos, tecnológicos y humanos para detentar una sólida y diversificada economía. Además, esta versión oficialista, asevera que la estatización de mercados y medios de producción, el control de cambio, el control de precios, el aislamiento comercial, la economía de puertos, entre otros, son convenientes para el desarrollo socio-económico del país.

Sin embargo, especialistas económicos independientes, gremios empresariales, productores particulares, organizaciones no gubernamentales y grupos políticos de oposición, expresan otros puntos de vista interesantes que se contraponen, en muchos aspectos, con visiones distintas de la realidad socio-económica del país. Las cuales, constituyen percepciones ampliadas del panorama nacional, referido a las causas y consecuencias de las altas tasas de inflación que ha caracterizado a Venezuela en los últimos años, signándola como una nación con alto costo de la vida, bajo poder adquisitivo del pueblo, elevada tasa de desempleo-subempleo y alto índice de pobreza, que desmerece su condición de “país rico” y petrolero por tradición, con amplias ventajas comparativas frente a las demás naciones en el contexto regional y mundial.

En este sentido, el Diario “Últimas Noticias” (2011), citando palabras de Enrique Mendoza, Diputado a la Asamblea Nacional por el estado Miranda, expresó críticas directas sobre la distribución de los recursos que han entrado al país, indicando que el Gobierno ha manejado mucho dinero en los últimos 11 años, ya que según su cuenta, han ingresado a la nación 4.257 billones de bolívares. En tal sentido, el diputado mirandino afirmó que si se hubiese dado un mejor uso a ese dinero los venezolanos tendrían una mejor calidad de vida, explica en rápido cálculo, que si se hace una distribución directa, a cada uno de los 28 millones de venezolanos le habría tocado 152 millones de bolívares. Es decir, a una familia promedio conformada por cinco personas le habría correspondido Bsf. 760 millones. Por lo que, lamentó que con estos recursos no estemos disfrutando de un país con excelentes servicios y un sano sistema económico. (p.19)

Estas afirmaciones del parlamentario Mendoza, enfocan la atención a la distribución de la riqueza en Venezuela, que no es más que preguntarse, en qué se invierte el Presupuesto Nacional, cuáles son las áreas prioritarias para el gobierno o por qué la calidad de vida ha desmejorado. En consecuencia, la reflexión-acción concierne a cada venezolano, aplicando la visión periférica y de futuro en todos los aspectos de su pertinencia: sociales, culturales, políticos y económicos. Es más, con mayor referencia específica, los que afectan: al empleo, al salario, la educación, la vivienda, la salud, la seguridad personal, los servicios públicos, el medio ambiente, entre otros. Aspectos que involucran las necesidades sociales básicas, clamadas por el pueblo, que en amplios sectores de la población se observan insatisfechas, desmejoradas y virtualmente desatendidas por las gestiones gubernamentales a todo nivel. Ya que, la mayoría de los gobernantes actuales, en su afán electorero, priorizan lo netamente ideológico-populista, colocándolo por encima del beneficio colectivo y de los intereses de la nación, desatendiendo de plano el aspecto socio-económico del país.

Esta falta de criterios en la administración de los recursos nacionales, ha agudizado el crecimiento de los problemas sociales (falta de viviendas, deterioro de la infraestructura vial, quiebra de las industrias básicas, endeudamiento de Pdvsa, ineficiencia de servicios públicos, entre otros), que evidencian una desacertada administración pública de los recursos financieros que han ingresado al país. Esto lo corrobora lo anunciado por Sebastiana Arráez en la columna “Sin Secretos”, en el Semanario Quinto Día (2011), cuando afirma que con la llegada de Chávez al poder prevalece el acercamiento hacia Cuba, Irak, Irán, Libia, China, La Federación de Rusia, entre otros. Señalando que, en mayo de 2001, el presidente Chávez hizo su primera visita oficial a Moscú. Desde entonces comenzaron visitas recíprocas hasta la primera adquisición de 100.000 fusiles Kalashnikov AK-103, versión moderna del AK-47. Entre 2005 y 2010 se han adquirido 7 sistemas de armas terrestres y aéreos; eso cuesta 4 mil 400 millones de dólares. En Abril 2010, Putin estuvo 12 horas en Venezuela y anunció la venta de 17 sistema de armas por un monto de 5 mil millones de dólares, con un crédito inicial de 2 mil millones de dólares pagadero a futuro con petróleo venezolano.(p.14).

Esta misma fuente, basada en informaciones del Stockholm Internacional Peace Research Institute de los Estados Unidos, revelan que:

Venezuela ha destinado 33.346 millones de dólares en gastos militares durante el gobierno de Chávez (…) En el 2009 fue de 114 dólares por habitante. En Brasil fue de 142 dólares por habitante. En Chile fue de 135 dólares por habitante. En Colombia fue 447 dólares por habitante. (p.14).

Sin pretender desatender al sector militar, asignándole sólo la mitad de este presupuesto (39 mil millones de Bsf., al cambio de 2,15 Bsf/$), y el otro 50% al sector habitacional del país, el gobierno hubiese construido 400 mil viviendas de 180.000 Bsf. C/U, en estos 11 años. Las cuales, estarían beneficiando a la población más vulnerable de Venezuela, reduciendo en forma significativa, el gran déficit habitacional que menoscaba la calidad de vida del venezolano promedio. Ahora bien, el impacto social y político de esta medida sería sin precedentes, imaginemos entonces, si en vez de la mitad se invierte todo ese “realero” en soluciones habitacionales. Se hubiesen construido casi un (01) millón de viviendas, para el beneficio de unos cinco (05) millones de venezolanos.
Por otra parte, aunado a este desequilibrado manejo de las finanzas públicas, en los cuales se fortalecen sectores no tan prioritarios y se desatienden a otros superlativamente sensibles, hay que sumarle el despilfarro de dinero para comprar conciencias en el exterior, como lo reseña Benavides (2010), en el Diario Tal Cual, quien basada en el contenido de un informe del Centro de Investigaciones Económicas (CIECA), resalta que los anuncios de gastos desde 2005 hasta 2010, son crecientes y alcanzan Bsf. 393.952 Millones de dólares, es decir, según la fuente, las donaciones en los últimos 5 años, suman 94% de los ingresos del Gobierno Central (p.12).
En este orden de ideas, Benavides afirma que:

Venezuela ha acumulado gastos en donaciones hacia 89 países, repartidos de la siguiente manera: Rusia, con 56.885 millones de dólares (14,44%), China, con 37.509 millones de dólares (9,52%), Cuba, con 34.379 millones de dólares (8.73%), Japón, con 29.631 millones de dólares (7,52%), Otros países, con 28, 216 millones de dólares (7,16%), Brasil, con 25.539 millones de dólares (6,48%). Irán, con 15.426 millones de dólares (3,92%) (…) Mientras “la fiesta de repartición” continua, las principales compañías del país incluidas las Empresas básicas de Guayana, PDVSA, la Electricidad y el Metro de Caracas operan a medias, por falta de un Plan de Inversiones que las impulse. (p.12)

Estas son muestras inequívocas de una decadente e insensible forma de administrar los recursos de una nación, en la cual se desatienden los intereses colectivos, por encausar planes y políticas fundamentadas en una forma apasionada de imponer un sistema de gobierno altamente centralizado en el poder ejecutivo. El cual, a través de un proyecto político “social-comunista”, intenta trasponer los principios y libertades democráticas establecidas en la carta magna vigente. Esta pretensión, abarca acciones que buscan concentrar amplios poderes en la administración central y, a su vez, el debilitamiento de los sectores empresariales particulares (nacionales y extranjeros), desconociendo sus derechos de propiedad sobre los factores de producción y asfixiando sus libertades económicas, para poder competir ventajosamente en el mercado nativo y global.

En este sentido, el Economista José Guerra (2010), manifestó al Diario Tal Cual, que: La Planificación Central es un sistema de coacción impuesto a la sociedad por una élite de poder político. La cual, en el pasado, causó verdaderas tragedias económicas, una de ellas es la escasez crónica: al no obedecer al mercado, por lo que unas veces se producía en exceso y la mayoría de las veces de manera insuficiente. Afirma, este connotado especialista, que: “las expropiaciones y confiscaciones marcan el rumbo hacia una economía manejada por el Estado. Todas las economías centralmente planificadas degeneran en regímenes despóticos” (p.11).

Según este planteamiento, el autor afirma que la Planificación Central es un absurdo, pese a que fue promulgada, en 2007, la Ley que creó la Comisión Central de Planificación en Venezuela, ésta tiende a funcionar como el Gosplan (Ruso) y la Junta Central de Planificación de Cuba (Juceplan-Cubana), que persiguieron sustituir la Propiedad Privada de los medios de producción por la propiedad del Estado, que en vez de seguir los lineamientos de muchos consumidores y productores (del pueblo), que resuelven qué consumir y qué producir, una burocracia elitesca enquistada en el poder, en una cómoda oficina, decide aspectos fundamentales de la economía y de la vida de la gente. Reafirmando este especialista, lo siguiente:

Así se asignan cuotas de producción a diferentes sectores que en teoría deberían ser de estricto cumplimiento. Despreciar a los precios como referencia para recursos escasos a la producción de bienes y servicios y sustituirlos por lo que piensa un burócrata que engendra la semilla de la decepción (…) Decidir como asignar recursos financieros para elaboración de bienes, pasa a los burócratas a: fijar cuantas horas de trabajo y cuánto devengaran los trabajadores (…) Por lo que se estructura un superpoder en manos de una camarilla y de allí a la Tiranía, es un solo paso. (Guerra, 2010, p.11).
La centralización de la planificación en el Poder Ejecutivo (gobierno), sin tomar en cuenta las leyes que rigen la oferta y la demanda, cierra paso a las libertades económicas indispensables para crear un clima de “confianza elevado”, que atraiga y propicie la inversión de capitales extranjeros y nativos, en función de: diversificar la economía, ampliar las fuentes de empleo, aumentar los índices de productividad, de calidad y producción de bienes de consumo, mejorar las tecnologías aplicadas, optimizar la prestación de servicios de apoyo a la producción, aumentar las plazas y requerimientos laborales de empleos calificados y algo muy importante, exigir al sector educativo hacer más pertinente a la educación técnica con el mundo empresarial. En fin, de estabilizar la economía nacional, atacando los elevados niveles de pobreza, frenando las altas tasas de inflación; aplicando la doctrina del Capital Social, para ser menos dependiente de tecnologías extranjeras, lo que redundará, directamente, en mejor calidad de vida para toda la población.

En este orden de ideas, el Semanario Quinto Día (2011), citando el Índice de Libertad Económica publicado por la Fundación Heritage y The Wall Street Journal, manifiesta que solamente Zimbague y Corea de Norte padecen menos libertad económica que Cuba. A estos estados comunistas le siguen de cerca Venezuela, Guyana y Ecuador. Pero para el mundo, el enigma es Venezuela, el país con más grandes recursos fiscales de su historia compite con los países que exhiben el peor desempeño económico del planeta. En consecuencia, la fuente mencionada ilustra esta afirmación, con lo siguiente:

El Índice (Libertad Económica) clasifica a los países en una escala de 1 a 100 basándose en 10 medidas que evalúan la apertura, el Estado de derecho y la competitividad. La suma de los 10 puntajes da el promedio que arroja el resultado total, encabezando la lista: Chile (77 Pts.); Santa Lucia (70,8 Pts.) y Uruguay (70,0 Pts.). En el otro extremo están: Guyana, Ecuador, Venezuela y Cuba con porcentajes por debajo de 50 categorizándolos como “economías reprimidas”. En el caso de Venezuela, la libertad económica sufre por la interferencia del Estado, destacando: el hinchado e ineficiente sector publico en crecimiento; economía informal va en crecimiento; alta inestabilidad monetaria y los derechos de propiedad no se respetan” (p.08)

Al parecer, la administración actual “necesita a los pobres” y un ambiente de inseguridad jurídica para “deshacerse de los capitalistas”. En el caso de Venezuela, la falta de libertad económica la propicia el mismo Gobierno, a través de las estatizaciones sobre empresas nacionales y transnacionales de capital privado, irrespetando la propiedad de sus activos y medios de trabajo, pasándole por encima, inclusive, a los convenios y contratos suscritos con los entes oficiales nacionales. Muchos especialistas, haciendo simples comparaciones, afirman que por ejemplo Colombia, mejoró su porcentaje gracias a las mejoras en su entorno empresarial, facilitadas por su apertura a la actividad comercial y a la inversión. Sus recientes reformas de regulación del sector privado sólido han contribuido significativamente. Los países con buenos puntajes tienen economías con mejor respuestas y sus poblaciones disfrutan de mayor prosperidad, mejor salud y mejor calidad de vida.

Por otra parte, Ahiana Figueroa, del Diario El Nacional (2009), afirma que analistas consultados sostienen que la alta inflación y la necesidad de recortar el gasto público, así como el tema del financiamiento a las importaciones, serán los grandes problemas a enfrentar, ya que atentarán contra los planes de reelección presidencial indefinida. Al respecto, la misma fuente, ratifica este enfoque citando al Econ. Santiago Guevara, quien sostiene que la política económica no es campo de ideologías, sino de pragmatismo frente a problemas reales que se tratan con base en contradicciones y desconocimiento. Guevara prevé una tasa mínima de inflación para 2009 de 29%, por lo que el gobierno no podrá contraerla con la revisión de los costos de la cadena de producción. Depende del clima de negocios, la inversión productiva, la modernización de equipos y tecnologías y un actualizado capital humano. (p.06)

Asimismo, Figueroa trae a colación el planteamiento del Director de Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros, quien expone que:

“El -Colchón Fiscal- en Fondos del Gobierno, le permitirá no tomar medidas drásticas o un paquete al estilo tradicional. Podría aplicar el IDB, más adelante aumentará el IVA, luego devaluará la moneda, al final recortará el gasto público, como el gasto de inversión y de capital o las transferencias a las gobernaciones y alcaldías. Una vez que consuma los ahorros, El Ejecutivo tomará medidas lo quiera o no” (p.06).

Sin embargo, la misma fuente aludiendo a lo dicho por el ministro de finanzas, Alí Rodríguez Araque, reiteró que independientemente de los resultados de la consulta electoral de la enmienda constitucional, no se tiene previsto devaluar la moneda, ni aumentar ni establecer nuevos impuestos. Igual aseveración se mantuvo en voz oficial sobre el tema de las expropiaciones, las confiscaciones, ocupaciones o restricciones en el campo productor, prometiendo que no seguirían las invasiones a la fuerza, se respetaría la cadena titulativa de posesión y que se indemnizarían a los afectados por expropiaciones. Posiciones engañosas que fueron rebatidas con el tiempo, ya que sobrevino la devaluación, aumentó el IVA, siguieron las expropiaciones y muchísimos afectados están esperando que el Gobierno los indemnice.

Ahora bien, observando dichas medidas, el Diario Tal Cual (2010), bajo el enfoque del Econ.: José Guerra, expone que: “El gobierno no recurre a la política económica, sino al garrote mediante ocupaciones, confiscaciones y expropiaciones de alimentos. Culpar a otros ha sido la estrategia gubernamental” (p.10). Afirma la misma fuente, que ejecutivo no hace otra cosa que culpar a otros de sus propias incompetencias y decisiones: - Devaluaron el bolívar y no quieren que los precios suban. -Liquidaron la producción agrícola y esperan que los precios bajen. -Acosan a la industria y pretenden que hayan bienes abundantes y baratos. - Sin embargo, la industria decidió actuar produciendo más alimentos y la respuesta del gobierno, ha sido decomisos para abastecer y suplir las carencias de MERCAL. Bajo esta percepción, Guerra, afirma lo siguiente:

“Desconcertado por la acelerada inflación, el gobierno ha desempolvado la vieja tesis, nunca verificada, según la cual la inflación responde a la estructura monopólica de la economía venezolana. A ello han ayudado quienes han propagado el supuesto de la inflación estructural, recurso lingüístico al cual se apela cuando se quieren encubrir las causas monetarias y fiscales de la inflación. Con una tasa anual general de 30,4 %, y para los alimentos de 36,3 %, cualquier autoridad se desconcierta, máxime si ello ocurre en medio de controles de cambio y de precios.” (p.10).

Para este especialista, no existe Monopolios Empresariales desestabilizadores, asegurando que donde hay capital monopolista es en los bienes industriales en manos del Estado, llamado “Capitalismo Monopolista de Estado”, citando por ejemplo a: DEMASA, DIANA, ROBIN HOOD, LACTEOS LOS ANDES, LA GAVIOTA, ALCASA, VENALUM, BAUXILUM, SIDOR, SIVENCA, CEMEX, LATRAGE, HOLCIM Y PDVSA, ENTRE OTROS. (p.10). Asegura Guerra que la misma Petróleos de Venezuela, se ha convertido en una empresa monopolista del sector agroalimentario, asumiendo la transformación de materia prima y la venta de productos de consumo masivo, como son: el aceite, la margarina, la lecha, entre otros subproductos. Asumiendo además, la red de distribución PDVAL.

En el caso de la otrora empresa mayor productora de petróleo a nivel mundial, el periodista Andrés Rojas Jiménez del Diario El Nacional (2009), opina que PDVSA está entrampada en el negocio del aceite vegetal y la margarina, ya que ahora, no solo es una corporación energética, sino también agroalimentaria y comercializadora, principalmente por la compra de las industrias Diana y Lácteos Los Andes, la primera por 40 millones de USD y la segunda por 150 millones de USD. Sin embargo, según la fuente citada, la compañía oleaginosa, ahora del Estado, se prepara para la importación de grasas a bajos precios en competencia desleal con los productores nacionales de Palma Africana, a los que irónicamente ha apoyado el gobierno (p.05). Por lo que, Rojas en su análisis, expresa la siguiente reflexión:

Diana, por ser ahora del Estado con lineamientos socialistas, debería cubrir la esperanza de los productores de palma de adquirir la cosecha nacional a un precio justo. Sin embargo, entre los gerentes de Pdvsa Agrícola y Diana, se mantiene la tendencia de contratar la materia prima internacional, cuyo precio en otros países cayó de 1.240,00 dólares a 545,00 dólares / Ton., de aceite crudo (…) El mismo Chávez firmó un convenio para traer aceite crudo de Palma de Ecuador, lo que constituye una amenaza para los cultivadores locales, condenándolos a la quiebra. Cuando Diana estaba en manos privadas (2008), procesó 15.000 Ton de aceite crudo de palma africana, para elaborar: margarina, manteca y aceite comestible (p.05).

Estas son evidencias de la incongruente política económica que ha caracterizado al Gobierno venezolano en los últimos años. Ahora, o mejor dicho, desde hace algún tiempo atrás, se alistó para comprar la materia prima importada y solo envasar el producto (en este caso, aceites y derivados), en lugar de generar un valor agregado nacional, promover el empleo, bajar la inflación y fomentar la producción de Palma aceitera, un rubro que al parecer dejó de ser “bandera” para la actual administración. En esta honda estatista, se arremete también contra empresas y comercios consolidados que han tenido trayectoria eficiente en el mercado nacional, para convertirlas en las llamadas “empresas socialistas”, que muchos ponen en duda en su eficiencia y en los beneficios para los trabajadores y el pueblo en general, ya que, los trabajadores siguen asalariados sin participación en las ganancias y el pueblo sigue comprando los productos (cuando los consigue), a igual o mayor nivel de precios (en franco aumento).

Otra muestra de dicha estatización voluble, contra cadenas de hipermercados privados, la reseña Diario Las Noticias de Cojedes, en su sección de Nacionales (2010), donde resalta el anuncio del presidente de la república, al proclamar lo siguiente:

Yo ordeno que se abra un expediente y espero que aprueben la ley nueva para empezar un proceso expropiatorio… ¡Éxito pasa al Estado!” (…) También pido la expropiación del Centro Comercial Sambil de la Candelaria, convertirlo en otra cosa, ahí podemos hacer la Corporación Mercado Socialista (COMERSO) (p.10).

Con esta imposición generalizada del aparato del Gobierno, sobre los capitales y medios privados, atropellando los principios establecidos en la Constitución alusivos a las libertades económicas, la propiedad privada, el derecho a la defensa, el derecho al trabajo, el derecho de asociación, entre otros. Se evidencia, día a día, como se estrangula aún más la posibilidad de fortalecimiento del sector productivo nacional, especialmente el agrícola vegetal y agro transformador, promoviendo un lesivo distanciamiento de las partes (pública y privada), que no favorece, para nada, la creación de un clima de dialogo y de acuerdos para generar políticas de producción, de subsidios, de costos, de precios, de comercialización y de distribución de los bienes de consumo, que beneficien al colectivo.
Esta situación “de choque” se agrava, más aún, por la informalidad del ente oficial, como lo reseña el Diario Tal Cual, al indicar que: las mesas de trabajo entre funcionarios del Ministerio de Agricultura y Tierras (MAT) y las Asociaciones de Productores de Bolívar, Guárico y Portuguesa sólo quedaron para la foto, pues el periodo de siembra comenzó y los informes presentados sobre la estructura de costos ahora “reposan en las gavetas y archivos” de la cartera agrícola. (Benavides, 2010, p.12). La misma fuente, apoyado en las palabras de Roberto Latini directivo de la Federación de Productores Agropecuarios (FEDEAGRO), indicó que:
“El sector primario cerealero ya contaba con un acuerdo de nuevos precios que regirían en ciclo invierno. Sin embargo, el silencio de las autoridades del MAT ya vaticinaba malos pronósticos. Todo se agrava con el cambio del ministro de agricultura, todo “vuelve a cero”. A pesar de la falta de rentabilidad en el circuito cerealero, los productores del país decidieron iniciar la siembra a la sombra de la incertidumbre. Debido a los constantes aguaceros que han inundado parte importante del cultivo, a Portuguesa aun le falta por sembrar entre 25% y 30% para cumplir el plan de producción para este ciclo. Representante de FEDEAGRO, también manifestaron preocupación ante las intervenciones de plantas procesadoras de alimento, como pasó con MONACA en Bolívar y ahora amenaza contra Empresas Polar principal receptora de la producción nacional de Maíz Blanco, para elaborar Harina Precocida” (p.12).

El sistema económico venezolano, en sus tres niveles, pero con mayor rigor el sector primario, sufre con creces la desarticulada e incongruente “política agroalimentaria” del gobierno nacional, debido a que, además de: la agricultura de puertos, el control de cambio, los controles de precios, la falta de acuerdos y convenios, la ausencia de subsidios, los altos costos de producción, la baja rentabilidad, la vulnerabilidad estacional, la baja productividad, la escasa investigación, la falta de extensión rural, la poca tecnificación, la inexistente o deteriorada infraestructura para la producción, la inseguridad personal y la ausencia de servicios básicos en la zona rural, los productores deben pasar por la terrible situación de las invasiones violentas de sus tierras, en su gran mayoría promovidas por el propio Gobierno, acentuando la impunidad por su complicidad por omisión. En fin, creando un “clima” de alto riesgo e incertidumbre que está haciendo claudicar al productor venezolano, ahuyentando los capitales privados.

En consecuencia, en campo venezolano reina la inseguridad jurídica, tanto por desprotección del productor ante vándalos o, lo más grave, como por asedio del propio Estado, a través de sus caprichosas intervenciones destructivas. Así lo corroboran distintas fuentes a nivel nacional, cuando afirman lo siguiente:

Lugo (2010), Diario Tal Cual.
Hasta las investigaciones están amenazadas… Existe el riesgo de que todo lo que hemos invertido se pierda, así lo expresó el gerente general de la Fundación Azucarera para el Desarrollo, la Productividad y la Investigación (FUNDACAÑA), Williams Contreras a raíz de la toma y destrucción de dos hectáreas de terreno pertenecientes al campo experimental, por integrantes de la comuna socialista Ecología Endógeno, Villa Bruzual (…) En la toma del Campo Experimental fueron deterioradas varias siembras del Proyecto Etanol de PDVSA Agrícola, que se lleva a cabo conjuntamente con el Instituto Nacional de Investigaciones de caña de azúcar de Cuba y del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA) local. (p.12)

Paradas (2011), Diario El Nacional.

En el Estado Lara han sido ocupados ilegalmente 200 terrenos y edificaciones privadas en los últimos 2 años (…) La Fiscalía Superior de Lara ha hecho caso omiso de las denuncias, a pesar de tener contundentes pruebas sobre los invasores (…) Los organismos de seguridad deben garantizar el derecho a la propiedad privada consagrado en la constitución nacional. (p.05)

Paradas (2011), Diario El Nacional.

Algunas fincas tienen ganado para la producción de leche y sembradíos de Girasol (…) La hacienda expropiada a Eduardo Gómez Sígala, no está improductiva, allí hay sembradíos de Girasol y ganadería de leche”. La operatividad de la hacienda parece haber disminuido. La maleza ha cubierto gran extensión de tierra. (…) Luego que Elías Jaua anuncio la recuperación de 500 hectáreas en el valle del turbio en septiembre de 2009, la finca fue intervenida. Había sembradas 24 hectáreas (18Ha. Con caña de azúcar y 6 de pasto). Actualmente solo 5 están cultivadas. En cuanto a las 150 cabezas de ganado para producción de leche, es mínimo el producto obtenido, pues cada vaca entrega 4 litros por día, cuando deberían producir por lo menos 12 litros Diarios. (p.01)

Romero (2011), Diario El Nacional.

Expropiación de la Finca “La Carolina” no ha beneficiado a los habitantes de Nirgua (…) Los antiguos trabajadores no han recibido sus liquidaciones, ni los propietarios, el pago de sus tierras. Cuando el 30/04/2010 se produjo la intervención de la hacienda La Carolina, propiedad de Diego Arria ubicada en Nirgua Edo. Yaracuy, las 34 personas que allí trabajaban salieron a protestar. Hoy 9 meses después, los vecinos deploran que haya desmejorado ya que los Consejos Comunales que se ocuparían de manejar los sembradíos, la cría de los animales y la emblemática bodeguita, no se pusieron de acuerdo (…) Rubén Rumbos, representante legal de La carolina destacó que desde que los desalojaron, los ocupantes del INTI no han podido materializar ningún proyecto… - se observa desolación, devastaron todo. Dañaron los pastos. Desaparecieron 268 vacas Jersey, 19 caballos y no han producido absolutamente nada - Los extrabajadores nunca recibieron ningún arreglo laboral por parte del INTI, y los propietarios tampoco han recibido pago por la expropiación de sus tierras, pese a que poseen titularidad desde 1628 cuando se desprendieron de la Corona Española. (p.05).

Parra (2011), en el Semanario Quinto Día, entrevista al presidente de Fedecámaras Zulia, Néstor Borjas Duarte, quien expresa que el gobierno utiliza la Ley de CONATEL para colocar propaganda gratuita para atacar al ganadero nuestro, significando lo siguiente:
¿Cómo va a atacar al hombre que está produciendo el 72% de los plátanos del país, 22,7% de la carne que consumimos, al qué produce el 27% de la leche nacional? (…) Es falso que las 47 fincas del sur del Lago de Maracaibo han sido tomadas por el gobierno, intentó tomarlas ahora en enero de 2011, usando la fuerza contra sus dueños y trabajadores pero el pueblo organizado pusieron freno a la Guardia Nacional. Chucho Melean nada más y nada menos hizo sentar al gobierno allí en su finca con las condiciones constitucionales. (…) Primero, me hace la declaración pública; Segundo, está la sentencia firme del TSJ y Tercero, ¿me vais a pagar lo que cuesta? (…) “¿Ah, no me tenéis los reales?” “No me voy”. Y el Sr. Melean con sus 24 trabajadores… está sentado en su finca (…) Ninguno de los ganaderos se ha ido de su finca. Tres fincas intentaron tomar a la fuerza y no pudieron. Todas las tierras están productivas, Certificadas por el INTI.

Este acoso al productor ha sobrepasado los límites, desconociendo los derechos civiles, económicos y sociales de los venezolanos. No se respeta nada, ni siquiera propiedades de instituciones de investigación, universidades, fundaciones y mucho menos fincas privadas (así estén productivas), el Sistema de Justicia “se hace de la vista gorda” ante las denuncias formuladas. En consecuencia, ante tal indefensión, los productores y trabajadores rurales han tenido que enfrentarse a las autoridades, empuñando las armas inclusive, para proteger su peculio y el porvenir de su propia familia.
En este sentido, la periodista Hernández (2011), en el Diario El Nacional, comunica que crecen importaciones de rubros básicos, ya que la producción de alimentos está reducida por intervenciones arbitrarias del Estado. Así como, la violación de la propiedad privada en fincas ganaderas y agrícolas desmejora inversión en el campo (p.06). Al respecto, esta comunicadora social, afirma lo siguiente:
El Observatorio de la Propiedad Privada registró 908 casos de violación de los derechos económicos en el sector rural en 5 años. Según Felipe Benítez, coordinador de dicho Observatorio, explicó que la situación de indefensión y el temor a que no se reconozca el pago de las bienhechurías hace que muchos afectados por invasión no denuncian, se intuye que hay muchos casos (…) FEDENAGA calcula que las 3 millones de hectáreas que el gobierno ha tomado corresponden a 900 fincas y sólo 5% ha recibido pago e indemnización (…) Manuel Cipriano Heredia, Presidente del gremio, sostiene que las medidas contra fincas ganaderas son la causa de la reducción del 50% en la producción de carne y leche (…) Cifras del Consejo Venezolano de la Carne hasta el tercer trimestre de 2010, evidencian el incremento de las importaciones del rubro mientras la producción nacional se ha reducido (…) Hay muchas fincas ganaderas invadidas y tomadas por el gobierno que hoy están prácticamente en ruinas. La Federación de Cañicultores sostiene que con las invasiones, intervenciones y quemas de cultivos desaparecieron 20.000 hectáreas sembradas en los últimos 4 años (…) La producción de caña pasó de 9,02 millones de toneladas en la zafra 2005-2006 a 5,8 millones de toneladas en la zafra 2009-2010, una caída del 35,6%. Para satisfacer la demanda de azúcar se importaron 750.000 toneladas del producto (…) Según Carlos Machado Allison, profesor del ISEA, hasta 2008 se importaron 7,4 millardo de dólares en alimentos y rubros agrícolas. En 2009, por la caída de los precios internacionales las compras llegaron a 6 millardo de dólares. En 2010 se calcula que llegaron a 5,6 millardo de dólares. Para el 2011 se proyecta que las importaciones subirán a 6 millardo de dólares (p.06).

El país ha retrocedido, en materia de abastecimiento y prosperidad en las zonas productoras, a consecuencia del “azote” impulsado desde las instancias gubernamentales, contra los propietarios de los medios de producción agrícola, argumentando una supuesta socialización de la actividad productiva, lo que ha generado es “aumento de la escasez” (poca oferta), y por ende, las importaciones en muchos rubros alimenticios. Esto lo explora Domingo Alberto Rangel (2008), en el Diario Quinto Día, cuando “haciendo memoria”, expone lo siguiente:

Venezuela ha vuelto a los tiempos que siguieron a 1859 cuando los caudillos, ávidos de botín, disimularon sus apetitos disfrazándolos de reivindicaciones de la masa. La Revolución Federal en definitiva sirvió para arrebatarles las tierras a los mantuanos cultos, traspasándolas a los plebeyos analfabetas que acompañaban a Zamora (…) Las tierras que el gobierno está expropiando en las pocas áreas agrícolas que restan en Venezuela volverán al dominio privado, pero detentadas por militares y por dirigentes del PSUV erigidos en latifundistas (…) La Asamblea Nacional no puede ser ajena a las realidades políticas que condicionan su origen. Engendrada por un partido, el PSUV, de pretorianos adueñados de la república porque se necesita ser muy mediocre para aceptar una orden donde sólo las bayonetas tienen prerrogativas.
En consecuencia, el país se debilita, bajo el círculo nefasto de la invasión forzada, en plena indiferencia de los derechos de terceros y de la función social que debe privar en el proceso de expropiación. Dejando establecido, por encima del orden legal, un precedente negativo- lesivo para la cultura del trabajo armónico y creador, que debe prevalecer en una sociedad verdaderamente progresista. Lo peor del asunto, es que los hechos anteriormente señalados, incrustan a sangre fría “la cultura del arrebato”, del “guapo y apoyado”, del “viva la pepa” y de la “flojera dependiente”. Cuestiones, que a larga, empeoran las crisis sociales y, a la larga, llegará el momento que ni “a los realazos” y menos aún, con el empleo de la fuerza se podrán revertir. Esto ocurre en el país, como ya se está sintiendo en el sector consumidor, motivado a la escasez de rubros alimenticios de primera necesidad.

Así también lo reporta Luzangelly Medina (2011), en el Diario El Nacional, al indicar que: “Los consumidores se quejan por escasez de: carne, café y azúcar (…) Los buhoneros venden con sobreprecios productos que escasean en los mercados” (p.01). Al respecto, la misma fuente, afirma lo siguiente:
Conseguir alimentos y productos de higiene personal se ha convertido en una hazaña, escasea: La sardina enlatada, La carne, café, azúcar, aceite, margarina, sardinas enlatadas, pañales y toallas sanitarias. Según los comerciantes, no llega suficiente mercancía para satisfacer la demanda (…) En 2010, según el centro de Documentación de la Federación Venezolana de Maestros (CENDAS), el 14,09% de los alimentos reportaron fallas de suministro (…) En Petare, los comerciantes informales si tienen los productos pero los venden con sobreprecio: El café de 300 gr. En 10,00 Bsf. (Regulado a 4,78 Bsf.). Leche en polvo a 30,00 Bsf. (Regulada a 17,90 Bsf.). La harina de maíz a 6,00 Bsf. (Regulada a 3,70 Bsf.). Y El azúcar a 7,00 Bsf. (Regulada a 2,60 Bsf.) (…) El desabastecimiento también se observa en algunas bodegas del gobierno. (PDVALES Y MERCALES)(…) Los comerciantes afirman que la escasez se debe a la poca producción nacional, al aumento de precios y a la falta de divisas. (p.01).
Estas afirmaciones específicas, sobre el desabastecimiento, escasez, carestía, entre otras penurias del mercado interno de productos alimenticios, “alimentan” en alto costo de la vida. Pues Venezuela registra la tasa más alta de la región, como evidencia el 30,9% de aumento general de los precios en el 2008. Cuya mayor subida la experimentó el renglón de los alimentos, que aumentaron 46,7% en el área Metropolitana de Caracas en los últimos 12 meses. Así mismo, se puede detectar que la inflación triplicó la meta de 11% establecida en el presupuesto para 2008, al cerrar en 30,9%, lo que lo convierte en el resultado más alto de los últimos 10 años. Por otra parte, se aprecia en las cifras oficiales que los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas en todo el país aumentaron 41,3%; bebidas alcohólicas y tabaco 34,8% y el transporte en 32,6%.

No obstante, según Ahiana Figueroa (2009), en el Diario El Nacional, aludiendo al informe del BCV, resalta que entre las medidas adoptadas por el ejecutivo para bajar la inflación destacan las siguientes:
1. Políticas de subsidios para la producción agrícola.
2. Flexibilización de trámites para producción e importación de productos requeridos para elaborar alimentos.
3. Creación de un fondo para desarrollar proyectos en sectores prioritarios como alimentos y manufacturas.
4. Existencia de MERCAL Y PDVAL.
5. Eliminación en junio 2008 del impuesto a las transacciones financieras.
6. Mantenimiento de la política de control de precios (2003). (p.04)

Sin embargo, acota la misma fuente que, a pesar de las medidas adoptadas, Venezuela presentó la mayor inflación en Latinoamérica (30,9%). Por tercer año consecutivo, en comparación con otros países, como son: Colombia (7,67%), Ecuador (8,83%), Perú (6,65%), Bolivia (11,8%), Argentina (24,0%), Costa Rica (13,9%), Brasil (9,1%), México (6,53%) y República Dominicana (4,52%). (p.04)

Para ese entonces, alertaba el Econ. Pedro Palma que, la inflación en el 2009 sería elevada y posiblemente superaría la del 2008. A diferencia de la que hemos estado sufriendo, la de 2009, y seguramente padeceríamos en 2010, no se debería a crecimientos acentuados de la demanda debido a la expansión monetaria producida por el desbocado gasto público, sino más bien a incrementos de los costos de producción y a restricciones de oferta. Explicaba el especialista, que la estrepitosa caída de los ingresos petroleros, por el desplome de los precios internacionales forzará al gobierno a restringir la asignación de divisas preferenciales para importar, y darle prioridad a las compras externas de productos básicos. Además, las importaciones pasarán a ser hechas con dólares más costosos, adquiridos en el mercado paralelo o a un tipo de cambio controlado mucho mayor que el preferencial actual (de 2,15 Bs. por dólar).

Ilustraba Palma (2009), que esto implicará encarecimiento de los productos foráneos, ya que: “Un productor que trabaje con materia prima importada fijará los precios de su producto final, basándose en el criterio de que es imperativo obtener más bolívares para poder adquirir los dólares más costosos” (p.16). En tal sentido, el mencionado especialista indicaba lo siguiente:

Las posibles restricciones a volúmenes de importación limitará la oferta de productos (escasez), lo que contribuye a elevar los precios (…) Esta escasez de productos persistirá debido a: - La mermada capacidad de respuesta del aparato productivo interno para aumentar su producción, debido a los ataques y acosos de que es objeto a través de expropiaciones de tierras productivas, cierre de operaciones periódicas, confiscación de mercancías y otras acciones. Otro factor que contribuirá a generar inflación es el desabastecimiento. Los nuevos controles contribuirán a ello. Según la nueva norma, cualquier producto controlado que requiera materia prima foránea necesita el permiso de MILCO, que fijará ¿qué? Y ¿cuánto? Se puede producir y lo más grave en ¿cuánto? Se debe vender (El Nacional. p.16).

En respuesta a lo antes dicho, en reportaje en el Diario Vea (2010), el Diputado a la Asamblea Nacional, Jesús Farías del PSUV, afirmó que los empresarios agrupados en Fedecámaras son los principales causantes del incremento de la inflación en Venezuela (p.03). Enfatizó que:

Si hay un responsable de la inflación en Venezuela, (estos) son los especuladores y el capital venezolano monopolizado, es decir, los sectores económicos muy poderosos que aprovechan este poder para imponer precios muy por encima de lo que establece la racionalidad económica (…) Farías apuntó que para este año (2010), la inflación cerrará en 27%, cifra muy por debajo a la mencionada por factores de la oposición (…) Ante tal situación inflacionaria el Diputado Farías aseguró que el reto es poner bajo control a los especuladores en la elevación de la producción Nacional. (p.03).

Por su parte, el presidente del BCV, Nelson Merentes, aseguró “que el próximo año 2011, será un año de crecimiento económico. Añadió, que la caída del Producto Interno Bruto (PIB) que sufrió el país desde 2009 ya fue revertida y apunta a un crecimiento estimado de dos puntos para este año”. Además, Merentes afirmó que “la inflación en Venezuela cerró en 2010 en un 29%. Pero para el año 2011 estará entre 23 y 25%”. (Vea, p.03).

Saliendo al paso a tales señalamientos, el presidente de Fedecámaras Miranda, Fernando Castro, entrevistado por Cenay Sánchez del Diario Últimas Noticias (2010), informó que Venezuela fue el país con mayor índice de inflación en la región. Este directivo indicó que no es Fedecámaras quien ve mal la situación económica del país, son las cifras y los números los que muestran la realidad económica. Detalló que en Venezuela la inflación llegó a 29%, muy por encima de Brasil (4,9%), Ecuador (3,5%) y Perú (2,6%). Observa con preocupación que el gobierno ha montado “un cerco” a la iniciativa privada. Asimismo, destacó Castro que, Venezuela está en medio de una coyuntura delicada, con estancamiento de la actividad económica y alto índice de inflación (p.22).
En este orden de ideas, en declaraciones dadas al periodista Carlos Crespo, del Diario Últimas Noticias (2011), la Diputada a la Asamblea Nacional Dinorah Figuera, por Primero Justicia, aseguró que durante los últimos 8 años los precios de los alimentos subieron 1.000 %. Ponderando ante este medio, lo siguiente:

Ya ni con dos salarios mínimos se puede adquirir la cesta alimentaria. Esta situación es un duro golpe para el bolsillo y el estómago del venezolano. Las familias tienen que soportar un aumento de 30,8 % de los alimentos y una inflación del 27,2 % (…) El precio de las frutas y hortalizas ha subido 1.223%; las verduras 126 %; el pescado 638 %; los lácteos 332 % y la pastas y la harina de maíz 301 % (…) Es necesario que el gobierno diseñe políticas que incentiven la producción venezolana. Se debe fortalecer la producción de alimento en nuestro país. Propone la ley de producción nacional, que promueva la asistencia técnica a los productores y establece créditos para combatir los altos precios de los alimentos (p.19).
De la misma forma, Katiuska Hernández del Diario El Nacional (2009), reporta que la escasez, el contrabando y venta informal afectaron a los consumidores. Los alimentos aumentaron 483,55% en 6 años de control de precios, mientras que el gobierno insiste en mantener la regulación y poner nuevas restricciones al sector agroindustrial. Indica la fuente, que el control de precios de alimentos y productos de cuidado personal y limpieza se ha traducido, en dicho período de vigencia, en mayor inflación y escasez. Esta apreciación la ilustra Hernández, con lo siguiente: “Cuando un consumidor va al mercado se encuentra con precios más elevados pese al control. Un ejemplo clásico es la carne regulada a 17,60 Bsf. /Kg. No se consigue a menos de 30 Bsf. /Kg.” (p.08).

Igualmente la fuente asegura, según planteamiento del presidente de la Asociación Nacional de Supermercados Carlos Carvalho, que el problema no radica en el control de precios como política, sino en la forma como se aplica, sin un mecanismo que permita la revisión constante de los costos de producción y otros factores que inciden en los precios finales de los alimentos. Por otra parte, revela que otro inconveniente de la regulación es el incremento del comercio informal. Pues el regazo entre precios regulados y costos de producción ha sido tan alto que en algunos momentos los productos no se podían comercializar y entonces los buhoneros los ofrecían con sobreprecio.

Indica Hernández que, según el Presidente de la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos, Pablo Baraybal, que una de las razones de la escasez de los últimos años fue el control de precios sin una política de revisión constante. Proponiendo, este directivo, que se establezca un sistema administrado de precios que permita cada tres meses aumentar los productos hasta 95 % de la inflación registrada en ese periodo (Por ejemplo si el índice nacional de precios es de 10 % en un trimestre, el alza para alimentos regulados seria de 9,5 %) (p.08)

Por su parte, Gabriela Iribarren del Diario Últimas Noticias (2011), resalta que en 2010, la contracción de la demanda se ubico en 2%. Es decir, el consumo venezolano cerró en negativo por segundo año consecutivo, con una caída cercana a 2 %. Mientras que el año anterior 2009, cayó el consumo en 3,5 %. Asevera Iribarren que, el 2011 estará caracterizado por dos fuerzas que se enfrentan. Por una parte, la macroeconómica convencional estimulará la actividad y la recuperación de la liquidez ingreso. El precio del petróleo tiende a subir y el mercado mundial se recupera. Por ser año electoral, se pronostica aumento del consumo relevante. En resumen, afirma Iribarren que, la oferta de productos se ha restringido ante el miedo de una intervención del Estado en término de expropiaciones o control irracional de precios; lo que complica el consumo y el empleo. La inflación estará allí, abierta o encubierta, y el consumo se verá afectado (p.22).
En consecuencia, Clavel Rangel del Diario El Nacional (2011), señala que dados los altos índices de inflación y reducido poder adquisitivo de la clase asalariada, propicia que los Sindicatos exijan discutir contratos y piden pago de pasivos laborales. En tal sentido, Rangel indica que representantes de los sindicatos de la CVG Alcasa, CVG Venalum y Sidor continuarán las protestas para exigir la discusión de los contratos colectivos y la cancelación de pasivos laborales. Alcasa trabaja con dos líneas de reducción, cuyas celdas están en condiciones precarias. El sindicato calcula que la deuda con los empleados es de un millardo de bolívares (1.000.000.000 Bsf.). (p.05).

De la misma forma, lo refiere la periodista Laura Welfer del Diario El Nacional (2011), indicando que trabajadores de la salud, de varios estados, realizaron una marcha para reclamar derechos laborales. Asegurando, que el gremio de trabajadores de la salud estuvo muy movido cuando: enfermeros, obreros y administrativos de varios estados protestaron frente a la Asamblea Nacional exigieron pago de la prima de 550 Bsf. /mes y un sueldo mínimo de 5.000,00 Bs. Mensuales. Ya que, la inflación ha devorado el poder de compra del salario de un empleado y mucho más aún el de un obrero de dependencia oficial (p.4).

Estas, en forma general, son algunas de las consecuencias que ha generado la política económica del gobierno nacional. Pues la diferencia entre precios regulados y costos de producción ha sido tan alta que algunos productos no se podían producir y mucho menos vender con rentabilidades negativas y entonces los ambulantes informales los ofrecían con sobreprecio, muy por encima de los regulados, así ocurre todavía en muchas carnicerías, en el caso de la carne regulada a 17,60 y la expenden a treinta Bs./kg. Traduciéndose esto en: reducción del consumo por disminución de poder adquisitivo; contracción del nivel del salario real, por estancamiento del salario mínimo, entre otras restricciones socioeconómicas del pueblo venezolano.


CONCLUSIONES.
- Según el informe del BCV, se afirma que entre las medidas adoptadas por el ejecutivo para bajar la inflación destacan las siguientes: Políticas de subsidios para la producción agrícola. Flexibilización de trámites para producción e importación de productos requeridos para elaborar alimentos. Creación de un fondo para desarrollar proyectos en sectores prioritarios como alimentos y manufacturas. Existencia de MERCAL Y PDVAL. Eliminación en junio 2008 del impuesto a las transacciones financieras y Mantenimiento de la política de control de precios (2003). Desde el punto de vista oficial, las políticas económicas llevadas a cabo en el régimen cambiario, el orden monetario, las relaciones comerciales internacionales, los ajustes salariales y el control de precios, entre otras, han sido efectivas.
- En lo que respecta a la inflación, para el gobierno nacional, las políticas desarrolladas, han sido exitosas, para: incentivar la producción nacional; propiciar la competitividad del sector productivo local; disminuir la escasez de productos de consumo masivo; disminuir la inflación de bienes nacionales e importados, en fin, que han contribuido con el mejoramiento de la calidad de vida del venezolano. Además, esta versión oficialista, asevera que la estatización de mercados y medios de producción, el control de cambio, el control de precios, el aislamiento comercial, la economía de puertos, entre otros, son convenientes para el desarrollo socio-económico del país. Sin embargo, deja muchas interrogantes al no explicar la alta tasa de inflación, que coloca a Venezuela como el país con mayor variación de precios en América y el mundo, pese a la gran riqueza petrolera y excepcionales recursos
- Estas afirmaciones, quedan en el aire cuando se enfoca la atención en la distribución de la riqueza en Venezuela, que no es más que preguntarse: ¿qué se hizo con los 4.257 billones de bolívares que ingresaron en 11 años al país?, ¿por qué se invierte tanto dinero el Presupuesto Nacional en armas?, ¿cuáles son las áreas prioritarias para el gobierno? o ¿por qué la calidad de vida ha desmejorado? Es más, con mayor referencia específica, preguntas relativas ¿Por qué no se dedican iguales recursos a otros sectores más sensibles?, por ejemplo: al empleo, al salario, la educación, la vivienda, la salud, la seguridad personal, los servicios públicos, el medio ambiente, entre otros.
- A pesar de las medidas adoptadas, Venezuela presentó la mayor inflación en Latinoamérica (30,9%). Por tercer año consecutivo, en comparación con otros países, como son: Colombia (7,67%), Ecuador (8,83%), Perú (6,65%), Bolivia (11,8%), Argentina (24,0%), Costa Rica (13,9%), Brasil (9,1%), México (6,53%) y República Dominicana (4,52%).
- La respuesta que da el gobierno es que el resultado anual de 30,9% de inflación se vio especialmente influenciado por las tasas de variación intermensual de marzo, abril y mayo en los cuales los precios de los alimentos aumentaron significativamente, como consecuencia de factores estacionales (fuerte sequía que afectó al país) y presiones generadas por un “virus agrícola” que disminuyó la producción de hortalizas; y que además, se realizaron ajustes de precios regulados en una serie de rubros alimenticios.
- Se puede apreciar que la devaluación de la moneda nacional favorece, por un lado, los ingresos de divisas a la economía nacional estableciendo altos niveles de liquidez interna y equilibrando la balanza de pagos. Pero, por otra parte, incide negativamente en los costos de la materia prima importada, encareciendo los productos terminados en la agroindustria y manufactura nacional, traducida en escasez o en su defecto en mayores niveles de inflación (altos precios), en bienes de consumo terminados, motivado a la transacción con dólares significativamente más caros y más difíciles de obtener.
- Con la implementación de este Sistema SUCRE, el gobierno venezolano procura la reducción de costos transaccionales y riesgos cambiarios, señalando la fuente que entre las ventajas que tiene el mismo, resaltan las siguientes: los incentivos para el incremento del comercio intrarregional, el aumento de la productividad de los países miembros, la consolidación del proceso de integración y el desacoplamiento progresivo del uso del dólar estadounidense en las transacciones comerciales entre socios regionales. Sin embargo, se deja sin explicación, ¿cómo se fortalecerá la moneda venezolana y en qué medida se reducirían los costos de producción?, para tener presencia en dicho mercado con precios competitivos, buenos márgenes de ganancia y alta rentabilidad.
- Los efectos de la estatización de las industrias y otros medios de producción en Venezuela, que según el gobierno son positivos, ya que han aumentado el empleo público. Pero, para muchos versados, a costa de la restricción a la apertura y libertad económica nacional, tornando un campo de incertidumbre e inseguridad jurídica que aleja la inversión privada y propicia el cierre de empresas nacionales, mixtas y/o extranjeras. Una muestra es la pérdida de empleos reflejado en el sector manufacturero y el alto porcentaje de población en la economía informal.
- Aunado a esto, se tiene un sector laboral público con remuneraciones nominales mensuales que han perdido el poder de compra, cuyos aumentos anuales, por parte del ejecutivo, no cubren ni siquiera la mitad de los saltos inflacionarios de la desequilibrada economía venezolana. La canasta básica completa se ubica en 6.100,89 bolívares fuertes, mientras que la alimentaria cuesta 2.428,00 bolívares fuertes. Lo que indica la existencia de una enorme brecha entre el salario nominal (1.223,89 Bsf) y el salario real requerido para satisfacer sus necesidades básicas y/o de alimentación del grupo familiar.
- La centralización de la planificación en el Poder Ejecutivo, sin tomar en cuenta las leyes de oferta y la demanda, cierra paso a las libertades económicas indispensables para crear un clima de confianza, que atraiga y propicie la inversión de capitales privados, en función de: diversificar la economía, ampliar las fuentes de empleo, aumentar los índices de productividad, de calidad y producción de bienes de consumo, mejorar las tecnologías aplicadas. En fin, de estabilizar la economía nacional, atacando los elevados niveles de pobreza, frenando las altas tasas de inflación; aplicando la doctrina del Capital Social, para ser menos dependiente de tecnologías extranjeras.
- La falta de criterios en la administración de los recursos nacionales, ha agudizado el crecimiento de los problemas sociales (falta de viviendas, deterioro de la infraestructura vial, quiebra de las industrias básicas, endeudamiento de Pdvsa, ineficiencia de servicios públicos, entre otros), que evidencian una desacertada administración pública de los recursos financieros que han ingresado al país.
- El gobierno no recurre a la política económica, sino al garrote mediante ocupaciones, confiscaciones y expropiaciones de alimentos. Culpar a otros ha sido la estrategia gubernamental. El ejecutivo no hace otra cosa que culpar a otros de sus propias incompetencias y decisiones: - Devaluaron el bolívar y no quieren que los precios suban. -Liquidaron la producción agrícola y esperan que los precios bajen. -Acosan a la industria y pretenden que hayan bienes abundantes y baratos. - Sin embargo, la industria decidió actuar produciendo más alimentos y la respuesta del gobierno, ha sido decomisos para abastecer y suplir las carencias de MERCAL.
- Con la imposición del Gobierno, sobre los capitales y medios privados, atropellando los principios establecidos en la Constitución alusivos a las libertades económicas, la propiedad privada, el derecho a la defensa, el derecho al trabajo, el derecho de asociación, entre otros. Se evidencia, día a día, como se estrangula aún más la posibilidad de fortalecimiento del sector productivo nacional, especialmente el agrícola vegetal y agro transformador, promoviendo un pernicioso distanciamiento entre el sector público y privado, que no favorece la creación de un clima de dialogo y de acuerdos para generar políticas de producción, de subsidios, de costos, de precios, de comercialización y de distribución de los bienes de consumo, que beneficien al colectivo.
- El sistema económico venezolano, sufre con creces la desarticulada e incongruente “política agroalimentaria” del gobierno nacional, debido a que, además de: la agricultura de puertos, el control de cambio, los controles de precios, la falta de acuerdos y convenios, la ausencia de subsidios, los altos costos de producción, la baja rentabilidad, la vulnerabilidad estacional, la baja productividad, la escasa investigación, la falta de extensión rural, la poca tecnificación, la inexistente o deteriorada infraestructura para la producción, la inseguridad personal y la ausencia de servicios básicos en la zona rural, los productores deben soportar las invasiones violentas de sus tierras.
- El acoso al productor rural sobrepasando los límites legales, desconociendo los derechos civiles, económicos y sociales de los venezolanos. Ocasiona que no se respete nada, ni siquiera propiedades de instituciones de investigación, universidades, fundaciones y mucho menos fincas privadas, el Sistema de Justicia no actúa ante las denuncias formuladas. En consecuencia, ante tal indefensión, los productores y trabajadores rurales han tenido que enfrentarse a las autoridades, empuñando las armas inclusive, para proteger su peculio y el porvenir de su propia familia.
- El país ha retrocedido, en materia de abastecimiento y prosperidad en las zonas productoras, a consecuencia del “azote” del gobierno, contra los propietarios de los medios de producción agrícola, argumentando una supuesta socialización de la actividad productiva, lo que ha generado es “aumento de la escasez”, y por ende, las importaciones en muchos rubros alimenticios.-
- El país se debilita, día a día, bajo el círculo nefasto de la invasión forzada, en plena indiferencia de los derechos de terceros y de la función social que debe privar en el proceso de expropiación. Dejando establecido, por encima del orden legal, un precedente negativo- lesivo para la cultura del trabajo, que debe prevalecer en una sociedad verdaderamente progresista. Esto ya se viene sintiendo en el sector consumidor, motivado a la escasez de rubros alimenticios de primera necesidad.
- El desabastecimiento, escasez, carestía, entre otras penurias del mercado interno de productos alimenticios, propician el alto costo de la vida. Pues Venezuela registra la tasa más alta de la región, como evidencia el 30,9% de aumento general de los precios en el 2008. Cuya mayor subida la experimentó el renglón de los alimentos, que aumentaron 46,7% en el área Metropolitana de Caracas en los últimos 12 meses. Así mismo, se puede detectar que la inflación triplicó la meta de 11% establecida en el presupuesto para 2008, al cerrar en 30,9%, lo que lo convierte en el resultado más alto de los últimos 10 años.
- La escasez, el contrabando y venta informal afectan a los consumidores. Los alimentos aumentaron 483,55% en 6 años de control de precios, mientras que el gobierno insiste en mantener la regulación y poner nuevas restricciones al sector agroindustrial.
- Según el presidente de la Asociación Nacional de Supermercados, el problema no radica en el control de precios como política, sino en la forma como se aplica, sin un mecanismo que permita la revisión constante de los costos de producción y otros factores que inciden en los precios finales de los alimentos. Por otra parte, revela que otro inconveniente de la regulación es el incremento del comercio informal. Pues el regazo entre precios regulados y costos de producción ha sido tan alto que en algunos momentos los productos no se podían comercializar y entonces los buhoneros los ofrecen con sobreprecio.
- Un efecto directo de la inflación se observó en 2010, cuando la contracción de la demanda se ubico en 2%. Mientras que el año anterior 2009, cayó el consumo en 3,5 %. Ahora, en el 2011 estará caracterizado por dos fuerzas que se enfrentan. Por una parte, la macroeconómica convencional estimulará la actividad y la recuperación de la liquidez ingreso. El precio del petróleo tiende a subir y el mercado mundial se recupera. Por ser año electoral, se pronostica aumento del consumo relevante.
- En consecuencia, dados los altos índices de inflación y reducido poder adquisitivo de la clase asalariada, propicia que los Sindicatos exijan discutir contratos y piden pago de pasivos laborales. En tal sentido, los sindicatos de la CVG Alcasa, CVG Venalum y Sidor continúan las protestas para exigir la discusión de los contratos colectivos y la cancelación de pasivos laborales. Así como, los trabajadores de la salud, de varios estados, realizaron una marcha para reclamar derechos laborales. Asegurando, que el gremio de trabajadores de la salud estuvo muy movido cuando: enfermeros, obreros y administrativos de varios estados protestaron exigieron un sueldo mínimo de 5.000,00 Bs. Mensuales. Ya que, la inflación ha devorado el poder de compra del salario de empleados y obreros públicos.

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